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Seminario del Grupo de Investigación "Derecho Administrativo" de la Universidad de Oviedo en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público

23/04/2021

El seminario se celebró el pasado miércoles, 21 de abril de 2021, a las 17:00 horas a través de Teams.

 

El pasado miércoles día 21 de abril, el grupo de investigación “Derecho Administrativo” de la Universidad de Oviedo, en el marco de uno de sus temas clásicos de estudio (la contratación pública), organizó un seminario sobre la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional 68/2021, de 18 de marzo que anuló varios preceptos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a raíz de un recurso presentado por el Gobierno de Aragón. 

La ponencia corrió a cargo de José Manuel Pérez Fernández, profesor titular de esta Facultad, y voz especialmente autorizada en el presente asunto, ya que en su condición de Letrado del Tribunal Constitucional elaboró el borrador de la Sentencia.

El profesor Alejandro Huergo Lora actuó como moderador de un debate que sin duda enriqueció aún más el seminario, no solo por las aportaciones del propio Huergo Lora, sino también por la intervención de la Letrada que firmó el recurso del Gobierno de Aragón, que aprovechó para exponer alguna de sus objeciones a la sentencia.

Como señaló el profesor José Manuel Pérez, la importancia de la STC 68/2021 no radica tanto en los preceptos anulados (tres y de escasa trascendencia) sino más bien en el esfuerzo que hace el Tribunal Constitucional por trazar los límites de la competencia estatal básica en materia de contratación pública (artículo 149.1. 18º CE). Entiende el Tribunal Constitucional que revisten de carácter básico todas aquellas cuestiones que estén estrechamente vinculadas con principios esenciales de la contratación pública, tales como la transparencia, la libre concurrencia, la seguridad jurídica, y los principios de eficiencia y estabilidad en el gasto público. Por ello, sería competencia estatal, entre otras cosas, la regulación de los elementos subjetivos (quién contrata) y objetivos del contrato (qué se contrata), el régimen de garantías o las prohibiciones de contratar. Por el contrario, no tendrían carácter básico aquellas disposiciones que no guarden estrecha relación con estos principios y que incidan en la potestad de autoorganización de las administraciones autonómicas, como las relativas a los plazos de determinados trámites.

En definitiva, la STC 68/2021 pone de manifiesto la complejidad de la legislación de contratos públicos española. No solo en su aspecto sustantivo, de lo que cualquier practicante del Derecho Administrativo podría dar fe, sino también en su aspecto competencial. Ha querido el grupo de investigación Derecho Administrativo colaborar en la aclaración de estas cuestiones mediante el presente seminario, que tan buena acogida ha tenido.  

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